El 27 de noviembre del 2019 se llevó adelante un operativo en Coronel Vidal, teniendo como objetivo las viviendas de dos efectivos de la policía bonaerense. En aquel momento, se realizó la requisa de los domicilios, secuestrando varios teléfonos celulares. El último 6 de julio, la justicia terminó sobreseyendo a los dos policías, ya que no hubo pruebas que acreditaran la culpabilidad de ambos, por lo que resultaron inocentes. Ambos habían sido desafectados de la fuerza de inmediato, perdiendo sus fuentes de ingresos. Ahora, habrá que esperar la resolución de la provincia para ver si vuelven a recuperar sui trabajo, luego de casi un año.
En la investigación preliminar, se hablaba de un trabajo de al menos 8 meses de duración, en los que se habían recolectados pruebas en las que se podía sospechar de movimientos dudosos, haciendo creer a la fiscalía y al juzgado de garantías N°3, que estos dos efectivos, podrían estar vendiendo drogas. Las requisas fueron llevadas adelante por la Policía Federal, quienes también ingresaron las dependencias policiales de General Piran y Santa Clara del Mar, donde prestaban servicio ambos, para revisar la zona de lockers. Asuntos internos de la policía bonaerense también intervino desafectándolos de inmediato.
Así mismo, la denuncia por presunta venta de drogas, surgió desde el propio seno de la policía comunal marchiquitense, elevándose a la fiscalía general, y dando paso a la policía federal a que inicie las investigaciones.
En el momento de los allanamientos, en ninguna de las viviendas se logró encontrar material estupefaciente, ni elementos que puedan ser sospechosos. Solo en uno de los domicilios se secuestraron teléfonos celulares, que al ser peritados, no arrojaron datos de relevancia para la investigación.
Por todo esto, es que la justicia determinó sobreseer a los policías de Coronel Vidal. Ahora restará la determinación de la policía bonaerense sobre la situación laboral de ambos efectivos, que, como dije anteriormente, desde ese momento, dejaron de percibir sus haberes, y hoy, casi un año después, resultaron inocentes.
¿Quién se hace cargo de los costos del proceso y la perdida de empleo que sufrieron los policías y su familia?
¿No existe la mala praxis judicial y política?
Sería bueno para la confianza en el país que los fiscales que acusan sin elementos sustentables den respuesta de los costos del proceso y de los perjuicios que genera en la sociedad.